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Entre el aplauso y la taquilla

Artistas con diploma

Paradojas de la profesionalización del arte

¿En qué país se piensa cuando se construyen políticas culturales? Una consultora del Ministerio de Cultura analiza las implicaciones de un programa de profesionalización para artistas, y sopesa algunas contradicciones entre las ofertas laborales, las expectativas del público y los objetivos de becas y estímulos en un país que se divide entre lo empírico y lo formal. 

Entre 2008 y 2010 el Ministerio de Cultura lanzó un programa de profesionalización en artes llamado “Colombia Creativa”. Duraba dos años y medio y pretendía ofrecer a los artistas empíricos la opción de obtener un título profesional para mejorar su calidad de vida. Un título en artes representaba la posibilidad de ser docente de teatro, danza, música, e incluso trabajar con el Estado como gestor cultural. El Ministerio ofreció becas en todo el país e hizo convenios con las universidades que tenían programas de arte para que pudieran cursarse los estudios en dos años.

Gracias a este programa se graduaron más de 600 artistas y, una vez culminado el programa, contrataron cuatro jurados, incluyéndome, para estudiar los resultados a través de testimonios.

En esta reflexión sobre las industrias culturales colombianas me encontré con el país formal, construido desde una lógica occidental, así como con el país real, multicolor y multivocal. Las historias de sus protagonistas pasan por la emoción, el entusiasmo, y llegan de manera súbita a la indignación ante los vericuetos de la burocracia.

Me impactó en particular el testimonio de un virtuoso intérprete nariñense de un instrumento indígena, que agradecía la experiencia académica que tuvo, pero decía que los años invertidos no perfeccionaron su desempeño musical, pues sus profesores ni siquiera conocían el instrumento que él tocaba. 

También conocí la historia de dos profesores de danza folclórica que no contaban con el título profesional y por lo tanto les pagaban como auxiliares en sus lugares de trabajo. El primero llegó a Bogotá entre chalupas y buses, se ganó la beca y firmó un contrato donde se comprometía a cursar todo el programa, y en el que también se especificaba que el Estado colombiano le tenía que hacer un aporte para su manutención y demás gastos. Cada tanto debía que presentarse en Bogotá para tomar sus clases en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, con estudiantes de un tercio de su edad y cuyo énfasis era danza contemporánea, no las danzas folclóricas. Nunca pudo recibir el dinero de la beca pese a que abrió, como le exigían, una cuenta bancaria, que luego el banco cerró por falta de movimiento. Así estuvo por varios meses, pidió préstamos para venir a la capital, nunca le llegó la plata prometida, y finalmente no volvió a clases. Como tenía un contrato y lo incumplió, terminó con una deuda de aproximádamente ocho millones de pesos con el Estado, además de la plata que le habían prestado. Fue víctima de ese país formal que no corresponde al país real de la versión en papel de las convocatorias.

El otro caso es el de un profesor de danza que venía del Guaviare y contaba con veinte años de experiencia. Él sí finalizó los cursos, pero al llegar con su nuevo diploma al colegio donde trabajaba, le dijeron que no le podían pagar el sueldo correspondiente “porque no tenía experiencia”, ya que técnicamente esta empezaba a contar después de haber recibido el título. ¿Pero el dispositivo social que otorga la categoría de “profesional” realmente garantiza la idoneidad para ejercer la práctica artística? ¿Acaso el arte no debería estar más relacionado con el ejercicio disciplinado y permanente, con la búsqueda y desarrollo de procesos propios de creación?

El teatro es quizás el caso más preocupante. Los maestros de teatro que se formaron en talleres dentro y fuera del país, décadas antes de que se profesionalizara su oficio, y que nunca obtuvieron un título, solo podían trabajar como docentes en instituciones informales. Los mismos que eran reconocidos en todo el mundo, con propuestas como el método de creación colectiva del Teatro La Candelaria, vieron una posibilidad de “formalizarse” con progamas como “Colombia Creativa”, que fue el primero de muchos. Así, estos referentes de las artes escénicas –que formaron generaciones de actores y son un referente obligado en un sinnúmero de academias alrededor del mundo– se sentaron como primíparos de la ASAB a escuchar lecciones que previamente y por años le habían impartido a sus alumnos. Este programa, que indiscutiblemente fue fundamental para el sector artístico nacional, se basó en la necesidad de validar desde las universidades las prácticas artísticas populares y los saberes construidos en escenarios alternos a los de la educación formal.

En nuestro país los saberes que están por fuera del sistema de producción del conocimiento científico-académico deben ser normalizados y convalidados desde las lógicas de un pensamiento eurocéntrico. Así entonces, la primera discusión que salió de estos casos provino de la tensión entre el arte popular y el arte académico, y entre las lógicas del saber empírico y el institucional.

Son pocos, aunque cada vez más, los artistas, independientemente de que sean académicos o populares, que pueden dedicarse al ejercicio de su práctica como actividad principal; la mayoría se ve obligada a realizar trabajos paralelos para sobrevivir, como la docencia, lo que impide el desarrollo de lenguajes artísticos propios que den cuenta de nuestras particularidades socioculturales, y que además sean visibles y legítimos en el concierto internacional.

El programa logró titular más de 600 artistas que ya lo eran, para que todos se dedicaran a cosas distintas de su práctica artística, en un país que no pide arte. Este es el problema de fondo: en Colombia la demanda de productos artísticos no es equiparable con la sobreoferta de arte y artistas, porque el modelo educativo no forma ciudadanos que busquen el goce estético y por tanto no genera hábitos de consumo cultural.

Lo anterior ligado a políticas macroeconómicas del Estado que fomentan la oferta académica buscando beneficiar el teatro, pero que principalmente consiguen dar un título a personas que ingresan a un sistema en crisis. Solo en Bogotá pasamos de contar en el año 2000 con tres programas de educación formal en arte dramático (Universidad El Bosque, ASAB y Universidad Antonio Nariño ) a tener diez programas profesionales en 2016, y una maestría en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional, sin mencionar los programas no formales. En 2014, según datos del Observatorio Laboral para la Educación, 11.232 artistas habían recibido el título profesional en artes. 

Nos montaron el cuento de las industrias culturales, de que todo sector artístico podía ser una industria cultural si era atractivo, autosostenible y generaba empleo, sometiendo el arte a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda.

El Estado colombiano invierte relativamente poco en cultura en relación con el presupuesto de la nación. A pesar de los esfuerzos y acertados manejos que realicen el Ministerio de Cultura y demás, si el Estado no otorga la debida importancia al sector cultural (que incluye como un subsector más al sector artístico), las condiciones difícilmente van a cambiar. La importancia no puede quedarse en el plano formal; debe partir principalmente de un apoyo presupuestal consecuente con las necesidades del sector, y cercano a las recomendaciones de la Unesco: corresponder por lo menos al 1% del PIB.  Hace seis años que la participación del presupuesto nacional para el Ministerio no ha pasado del 0,13%, y solo creció un 0,02% en la última década. 

Sumado a esto, los artistas que pese a todo deciden ser autosostenibles (volviéndose "empresarios") no pueden competir con eventos gratuitos auspiciados por el Estado, y que incluso reúnen fondos de empresas privadas. Es necesario que el público cambie la idea de que las presentaciones artísticas, los libros y los conciertos deben ser gratuitos.

Pero, sobre todo, es indispensable incentivar prácticas de consumo reflexivas, en las cuales el público asuma un costo por obtener beneficios de tipo cultural. Además, el Estado debe recordar que la construcción de las sociedades, especialmente en una coyuntura como la búsqueda de la paz, va de la mano de sus artistas, sin los cuales ningún proyecto de nación es posible.

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Ruth Jaramillo

Gestora cultural, consultora de Mincultura. Ha sido directora ejecutiva de la Casa del Teatro Nacional, la Fundación Malpensante y Casa E.

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