Ahora que se abre una ventana para arribar a la paz negociada en Colombia –después de medio siglo de matanza–, se ha puesto de moda mirar el país en el espejo de la experiencia centroamericana, la cual nos enseña, según se afirma, que las conversaciones con las Farc no producirán ningún bien tangible. Allá firmaron la paz, pero tienen tasas de homicidio mucho más altas que las nuestras. ¿Por qué, pues, tanto alboroto?

Esta clase de razonamiento me hace recordar a Malcolm Deas, quien fue el que afirmó –si no recuerdo mal– que los colombianos somos expertos en acumular los problemas hasta hacerlos insolubles. Y para no caer en una trampa que parece hacer ya parte de ese pesado bagaje que es la identidad nacional, es importante insistir en que la experiencia centroamericana demuestra, única y exclusivamente, que la paz no lleva al nirvana. En la versión para adultos, la paz no conduce a una sociedad ideal, ni soluciona automáticamente nuestros problemas de criminalidad organizada, ni desmonta las duras contradicciones que hacen parte consustancial de nuestra vida pública. Tampoco le quita el acné al adolescente angustiado, ni cura el corazón partido del que perdió a la novia. Se trata de algo más simple y más delimitado. Si todo sale bien, puede conducir a un buen arreglo liberal, con una oposición que no eche ni reciba bala, y que tenga una posibilidad real de llegar al poder. A veces esa posibilidad se concreta (como en El Salvador), a veces no (como en Guatemala). No se trata de algo terriblemente sexy, es verdad.Pero no es poco. Es mucho. Es prosaico, pero significativo y difícil. Tanto, que no hemos sido capaces de construirlo en todos estos años.

En realidad, los posconflictos centroamericanos dicen muy poco sobre las expectativas que pueda tener Colombia frente a un potencial arreglo. Se trata de trayectorias muy diferentes a la nuestra, con sus propios puntos fuertes y débiles. Para poner el ejemplo obvio: en Colombia se desarrollaron en los últimos lustros exitosas políticas urbanas para combatir la criminalidad común, lo que llevó en algunas ciudades a una baja radical en la tasa de homicidios en un período muy corto. Los recortes fueron enormes (en Bogotá, de más de la mitad; en Medellín, de todavía más). La experiencia de Medellín es particularmente relevante para nuestro tema. Mientras Sergio Fajardo se acomodaba en la Alcaldía, el gobierno nacional comenzó un proceso de negociación con los paramilitares, que puso a las autoridades municipales frente al problema de administrar la reinserción. Les tocó lidiar ni más ni menos que con el tenebroso Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas. Dicho bloque estaba encabezado por don Berna, una figura que provenía de la criminalidad organizada. De hecho, la toma del bajo mundo medellinense por parte del Cacique Nutibara se dio a través de la paciente cooptación de bandas y estructuras criminales preexistentes que, cediendo a una característica combinación de presión y amedrentamiento, cayeron bajo la coordinación y protección de don Berna. En el momento de su desmovilización, este era enormemente poderoso, y estaba dispuesto a continuar sus actividades criminales. Logró paralizar la ciudad cuando sintió sus intereses amenazados. En ese contexto dificilísimo, y en la región que por mucho abarca el grueso de la violencia en Colombia, Fajardo y su equipo pudieron recortar en más de la cuarta parte las cifras homicidas de su ciudad. Es cierto que después hubo una involución, pero no se ha llegado ni de lejos a los niveles anteriores a la reinserción. En Bogotá, en cambio, no hubo deterioro alguno. Es la ciudad que acoge mayor cantidad de reinsertados. Pero desde Mockus sus homicidios cayeron a la mitad y, pese a todos los sobresaltos que hemos tenido en otras áreas que afronta el gobierno, en esta de los homicidios los logros permanecen. No hablemos ya de las cifras nacionales de violencia, que en la década pasada bajaron sistemáticamente en rubros claves, en buena parte debido a la desmovilización paramilitar.

¿Dónde queda, pues, la apelación a la experiencia centroamericana? Hay todavía un aspecto adicional. Desde el punto de vista de su potencial de transformación en criminalidad común, el proceso con los paramilitares es por mucho el más complejo y peligroso que uno pueda imaginar. Yo dirigí una investigación en Medellín durante 2002, y en un sondeo llevado a cabo en ese contexto quedó clara la enorme diferencia que había entre los combatientes paramilitares y los de las Farc. Los primeros, por ejemplo, tenían problemas persistentes de drogadicción y alcohol, pertenecían originalmente a bandas, y manejaban negocios privados de microtráfico o simplemente de provisión de seguridad, algo que no se observaba en los segundos. Estos eran mucho más soldados de un ejército. ¿Mejores? No necesariamente. Pero sí muy diferentes. Y si el proceso es capaz de transformar para bien esa estructura de mando, tendremos algo mucho más manejable desde el punto de vista de las políticas públicas.

Las conclusiones son simples. La experiencia centroamericana no es un destino. Es un peligro real, pero en Colombia ya existen diseños que han mostrado que, incluso en condiciones mucho más difíciles que las del actual proceso, aquel (el peligro) se puede evitar. La política, en singular y en plural, cuenta. Y sí: pese a que existen muchos problemas aparte de la violencia política, la prosaica, la pedestre, la simple vida sin guerra tiene su encanto. Con un poco (o mucho) de suerte, de pronto hasta podremos experimentarlo en carne propia.