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Coda

El diablo de los detalles

Si las leyes en general acogen una que otra paradoja, la de Justicia y Paz parece abarcarlas todas. Un repaso a su letra menuda.

© Images.com. Corbis

En el período comprendido entre 1990 y 2005, según los datos procesados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las autodefensas masacraron a 2.042 civiles, asesinaron a 3.966 personas y les cortaron los brazos a machetazos a otras tantas. En los registros oficiales van más de 250 mil personas registradas como víctimas, de las cuales 27.147 han asistido a las versiones libres que rinden los paramilitares en los procesos de Justicia y Paz.

El problema con estos números, y con el resto de datos que llenan las tablas y gráficas de informes y artículos sobre el conflicto armado, es que el cerebro del lector promedio se apaga cuando intenta entenderlos. No haría mucha diferencia cambiar la cifra de 250 mil víctimas por una más modesta de 170 mil, o sumarle 1.050 muertos al inventario de homicidios de los paras. La indignación de los lectores, o su interés en el tema, no varía gran cosa con los cambios en las cantidades.
Para resolver el problema basta convertir los números en imágenes: los masacrados son el equivalente a un Cine Multiplex con 10 salas llenas o dos colegios completos, los asesinados podrían ocupar todo Chapinero Alto y las víctimas registradas equivalen a la población completa de Sincelejo.
El cuadro se completa con los registros periodísticos y las versiones libres de los desmovilizados. Según estos, cada una de las masacres era un espectáculo gore que haría saltar de su silla a cualquier fan de Holocausto caníbal. Dicen los familiares de las víctimas que algunas veces los paras tasajearon el cuerpo de un niño con un cuchillo mataganado antes de cortarle las güevas y metérselas en la boca, que en otras ocasiones jugaron fútbol con la cabeza de algún parroquiano y que en la mayoría de los casos asesinaron con machete para ejercitar los tríceps y ahorrarse la plata de la munición. La imaginación de un cuadro paramilitar superó de lejos a la de su par en las ss. La influencia tropical, dirían algunos.
En estas versiones libres los desmovilizados narraron uno a uno los crímenes cometidos como si se tratara de una lista de mercado: 20 simpatizantes de la guerrilla dados de baja en tal caserío, 11 ranchos incendiados, 31 fosas comunes en la vereda Rancho Seco y 400 hectáreas usurpadas –todo esto en presentaciones de Power Point–. Pidieron perdón como niños regañados y ya en las cárceles se dedicaron a suministrar información gota a gota. Muchos de los nuevos reos, al mes de estar en la cárcel, se acordaban de una fosa y salían como guías del CTI; a los dos meses soñaban con la ubicación de otros muertos y viajaban de comisión a guiar a los antropólogos forenses. Cada vez que han tenido ganas de tomar un aire se acuerdan de una tumba y empieza el carrusel de los recuerdos perdidos y los paseos a campo traviesa.
Con los bienes que han entregado a la justicia pasó algo similar. Han traspasado dos helicópteros Bell 206 que no pueden volar, caballos criollos, motores fuera de borda en regular estado, vacunos, motos y varios inmuebles poco productivos. La venta de estos bienes, descontando los costos de manejo que implican para el Fondo de Reparación de las Víctimas, solo alcanza para indemnizar a una fracción mínima de las personas afectadas que aparecen en los registros.
Frente al redescubrimiento de estas barbaridades con las versiones libres en los procesos de justicia y paz, y la falta de seriedad de varios paracos, mucha gente indignada ha pedido justicia. Y justicia es verlos a todos vestidos con overoles a rayas encerrados en una jaula como Abimael Guzmán o ahorcados de un palo como los sentenciados en Nuremberg. No valen los puntos medios. Nada de estatuas en conmemoración de las víctimas, conciertos de la reconciliación, cadáveres exhumados, grupos de recuperación de la memoria histórica o discursos llenos de perdones y genuflexiones. Para los justicieros indignados y maximalistas esto es ojo por ojo y diente por diente, sin matices.
En este grupo se agazapan muchos activistas cargados de ideología que andan más preocupados por darle garrote al gobierno y a sus políticas, que por los derechos de las víctimas. Aprovechan el dolor y el impacto de las imágenes para canalizar sus críticas y oscurecer el debate. Olvidan los indultos pasados, el rechazo de los criminólogos críticos a las penas de prisión y las toneladas de “papers” sobre justicia transicional publicados en la última década. Si no hay matices, ni zonas grises, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz está condenada a ser tomada como una claudicación de la justicia, como una prueba más de que el gobierno es paramilitar. Un triunfo para los que se oponen al gobierno. Esto no es otra cosa que el dolor ajeno al servicio de la ideología.
El gobierno, por su parte, defiende el proceso de desmovilización y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz haciendo énfasis en la verdad revelada y en la desactivación de la amenaza paramilitar. Para esto, presenta casos puntuales de éxito, como la exhumación e identificación de cientos de cadáveres, el control del territorio y la reintegración de antiguos paramilitares. Varios de estos argumentos están respaldados con evidencia empírica que corrobora los beneficios de haber desmovilizado un ejército privado. El problema es que la selección con pinzas de los casos de éxito también esconde las fallas puntuales. Por cada “caso exitoso” hay varios fracasos y para cada generalización optimista, hay cientos de pequeñas minucias pesimistas que se oscurecen con el exceso de optimismo gubernamental.
El resultado de ambos polos retóricos es un diálogo de sordos o de tontos. Bueno para enardecer a los hooligans de la política o para ponerle picante a los debates radiales y malo para ampliar el conocimiento sobre lo que está pasando hoy con la implementación de la ley y con la situación de las víctimas. No las víctimas retóricas, sino esas señoras que esperan años para ver una condena, o que van de despacho en despacho llenando formularios, aguantándose las múltiples caídas del sistema para ver si alguien les da una luz sobre un hijo desaparecido o sobre unos recursos para compensar la muerte de su esposo. Ahí, en los detalles, en las fallas operativas y en las trabas injustificadas de la burocracia, es donde hay que poner el ojo.

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Alejandro Peláez Rojas

Columnista de la revista online La Silla Vacía.

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