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El Malpensante

Columna

Marco Jurídico ¿para cuál paz?

En este momento se encuentra a punto de ser debatido en el Congreso el Marco Júridico para la Paz. ¿Qué podría resultar de este nuevo intento de "justicia transicional"?

Líderes de M-19 en las conversaciones de paz de 1985 © Cortesía Museo Nacional


En el papel, la idea es impecable: nadie firma un acuerdo de paz para irse a la cárcel, y por eso debería permitirse que el Estado prometa no castigar a quienes opten por dejar las armas. Este es el sentido de la “justicia transicional” que se ha aplicado en muchos países (son famosos los casos de Sudáfrica, Camboya, Ruanda, Colombia o Sierra Leona, pero la lista incluye otros muchos ejemplos). También es el sentido del Marco Jurídico para la Paz que está a punto de aprobarse en el Congreso y que produjo la ruptura final entre Santos y Uribe.

La esencia del proyecto es muy sencilla: se trata de que la Constitución admita que no sean investigados todos los delitos cometidos por miembros de los grupos armados, que no se les inicien todos los procesos penales, o que no se les haga cumplir todas las penas a que fueran condenados. Este sería el precio necesario de la paz que deseamos.

Pero, aun en el papel, un proyecto como ese plantea por lo menos tres preguntas complicadas: ¿cuáles delitos estamos dispuestos a ignorar o a perdonar?, ¿quién o qué garantiza que tendremos paz a cambio de la impunidad? y ¿quién puede perdonar en nombre de las víctimas?

1. En un país serio la primera cuestión sería objeto de un delicado y difícil debate ético. Pero digamos que este no es un país serio, que el asunto no es moral sino político, y que el Estado perdonará lo que sea necesario para convencer a los grupos armados. O sea que un Estado débil ignoraría o perdonaría todas o casi todas las atrocidades que hayan sido cometidas.

2. Para que el perdón judicial sirva a la paz habría que reunir dos condiciones: que el grupo armado esté interesado en obtenerlo y –sobre todo– que el Estado sí pueda concedérselo. Pero resulta que los insurgentes buscan reformas sociales o poder político antes que (o más que) un perdón por sus delitos. Y sobre todo resulta que los negociadores en un proceso de paz son mandos responsables de las atrocidades que cometió su grupo, de suerte que aunque el Estado los perdone –y no podría hacerlo sin violar los tratados de Naciones Unidas– los amnistiados seg...

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Hernando Gómez Buendía

Columnista de El Malpensante. Es también director de la revista digital www.razonpublica.com.

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